Es una de las principales conclusiones del artículo ‘Reflexiones sobre las proposiciones de ley de eutanasia y de cuidados paliativos (I)’ publicado en la revista Actualidad del Derecho Sanitario (número 273, septiembre de 2019) por una de las miembros del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la abogada Ana María Rivas Fernández.
Las distintas iniciativas legislativas reguladoras de la eutanasia (Proposiciones de Ley Orgánica) promovidas por los grupos políticos con representación parlamentaria -la primera, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el 18 de enero de 2017; las segundas, por el Grupo Socialista, una, el 3 de mayo de 2018 y, otra, el 10 de septiembre de 2019- “evidencian el sentir y deseo de una parte de la sociedad por despenalizar las prácticas eutanásicas”, según la autora.
Sin embargo, “otros sectores defienden los cuidados paliativos como la práctica médica, científica y éticamente correcta, a dispensar a los pacientes en el proceso final de la vida, en la línea en la que ya se han anticipado algunas Comunidades Autónomas”. Siguiendo un orden cronológico, es el caso de Andalucía (2010), Aragón y Navarra (2011), Galicia y Canarias (2015), País Vasco (2016), Madrid (2017), Asturias y Valencia (2018).
Rivas hace referencia al artículo 36.1 del Código de la Deontología Médica (CDM) del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, de 2011, que establece las reglas de actuación de la profesión médica en la prestación de asistencia sanitaria a enfermos en fase terminal. En él se puede leer que “el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aún cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida”. Y, en su apartado 3, el precepto incide categóricamente en que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.
Si bien las citadas Comunidades Autónomas se han anticipado al debate, según la autora, “no es menos cierto que el actual escenario normativo se caracteriza por una proliferación de normas que, de forma yuxtapuesta, coinciden a la hora de definir conceptos” tales como: cuidados paliativos, dignidad de la persona y autonomía personal en el proceso de morir, adecuación del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa, sedación en la agonía o sedación terminal.
Las Proposiciones de Ley Orgánica reguladoras de la eutanasia no han prosperado por la disolución de las Cortes Generales, por lo que habrá que estar al resultado de la próxima convocatoria electoral del 11N, sin olvidar que los representantes políticos insisten en retomar la iniciativa.
Ahora bien, “la polarización de posturas enfrentadas exige del consenso parlamentario, oída la representación médica colegial, dado que son coprotagonistas, junto al enfermo, en la relación de asistencia sanitaria al final de la vida”, según la abogada.
Uno de los objetivos de esta primera parte del estudio de Ana Rivas publicado en la revista Actualidad del Derecho Sanitario trata de poner de manifiesto las contradicciones que existen entre lo ya avanzado en cuidados paliativos por las Comunidades Autónomas que se han anticipado al gobierno de la nación en regular dicha materia y, por otro, “el de mostrar, por qué no decirlo, una voluntad, a mi juicio, precipitada, oportunista y arriesgada de acometer la regulación de la eutanasia al margen del consenso y, lo que es peor, al margen de las consideraciones científicas y deontológicas de la profesión médica”.
Con el artículo, lejos de contribuir a crear más controversia, se pretende incidir en que “el consenso pasa por tener en cuenta la participación activa de los médicos, sea a nivel institucional (OMC) y/o a través de las distintas sociedades científicas en las que se constituyen como cauce de actualización de conocimientos”, concluye Rivas.
