El consumo de tabaco es responsable cada año en España de la muerte de más de 50.000 personas, que en su mayor parte empezaron a fumar mucho antes de alcanzar la mayoría de edad.
Como primera causa de muerte prevenible en nuestro país, representa un obstáculo al derecho a la salud y a la vida de los españoles, derecho reconocido en numerosos tratados de derechos humanos ratificados por el Gobierno español, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 establece que los países deben respetar y proteger el “derecho de todas las personas a gozar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental”.
La puesta en marcha en 2005 y 2010 de las dos leyes de medidas sanitarias relacionadas con el tabaco contribuyó a una progresiva desnormalización de su consumo y supuso una mejora notable en la salud de la población española.
Los dos efectos primarios de estas leyes fueron la disminución de la exposición general de la población al humo ambiental de tabaco y la desaparición de la publicidad directa e indirecta de sus productos.
Esto contribuyó decisivamente a que aumentara la percepción de riesgo asociada al consumo de tabaco en la población general. En esta última década ha disminuido significativamente el porcentaje de población fumadora, algo que se debe tanto a que muchas personas fumadoras multiplicaron sus intentos de cesación como a que un menor porcentaje de adolescentes se ha iniciado en el consumo de tabaco.
A las organizaciones firmantes de este documento -científicas, sanitarias y sociales, sensibilizadas todas ellas con el control del tabaco en España- nos preocupa no estar ayudando adecuadamente a una gran parte de la población de nuestro país en este tema, no estar siendo capaces de proporcionarles los recursos que la evidencia científica muestra que son útiles para evitar las consecuencias derivadas de la conducta de fumar y para conseguir resistirse a la presiones directas e indirectas de las diversas industrias transnacionales del tabaco. Nos preocupa estar fallando especialmente a aquellas personas pertenecientes a los segmen-tos de población más desfavorecidos, en los que una carencia relativa de diversos recursos (sociales, psico-afectivos o económicos) hace que tengan más problemas para afrontar adecuadamente este trastorno y que presenten prevalencias de consumo mucho más altas que el resto de la población, factor que contribuye -y contribuirá- a aumentar las desigualdades sociales en salud.
